Entre las múltiples razones que defiende el Ayuntamiento para oponerse a esta condena, también aparece otro documento firmado por la Junta de Gobierno el 26 de agosto de 2010, es decir, en la etapa de PSOE e IU, en el que se indicó a Sacyr que el Ayuntamiento «tendría que continuar con el uso» del edificio de la Plaza de la Encarnación, 24, donde estaba la sede municipal de Hacienda, que según el contrato pasaría a manos de la empresa adjudicataria. Concretamente, Monteseirín habló de usar «este inmueble al menos durante cinco años», cuestión a la que Sacyr no se opuso. Cuando Zoido llegó al gobierno, sin embargo, la constructora lo reclamó, por lo que tuvo que trasladar a los funcionarios a otro inmueble de titularidad municipal. Para ello pasaron varios meses. Y esa es una de las reclamaciones que hace la empresa y que acepta la sentencia. El recurso alega que «no ha habido incumplimiento de la obligación de entregar este inmueble», ya que «el Ayuntamiento ha cumplido con esta obligación y lo ha hecho dentro del plazo que las partes convinieron en fechas inmediatamente posteriores a la entrega de las obras».

Frente a todo lo que Sacyr reclama, el Ayuntamiento recuerda también que la constructora «obtuvo un notable incremento de la contraprestación económica como consecuencia del incremento de la obra a realizar, que pasó de 25.421.166 euros a 64.391.235 y además un aumento de los espacios públicos concesionados». Es decir, el sobrecoste de las obras fue muy beneficioso para Sacyr, que incrementó gracias a esto su factura en casi 40 millones de euros. El acuerdo con el Ayuntamiento era que pagarían a medias la obra, que tenía un presupuesto de 54 millones. Pero la falta de proyecto constructivoelevó el coste a 102 millones sin que mediara un nuevo concurso público. Por todo ello, el Ayuntamiento considera que la sentencia es injusta y que no hay motivo para hacerse cargo de la explotación, por lo que pide la desestimación íntegra de la condena.