DIARIO DE SEVILLA / 7/11/2015

CARLOS NAVARRO ANTOLÍN

Hasta tres arquitectos han emitido dictámenes contrarios a la apertura del Hard Rock Café en la casa catalogada del número 3 de la calle San Fernando, donde en tiempos estuvo abierto el negocio Agua de Sevilla y posteriormente el Marca Sport Café, un establecimiento que Urbanismo precintó en junio de 2013 por no contar con un informe de calificación ambiental. Los tres profesionales se han pronunciado a petición de los vecinos de las casas colindantes, quienes consideran, por cierto, que el Ayuntamiento comete una falta "grave" por no haberles dado participación en una fase de alegaciones al proyecto, lo que entienden que es obligado al tratarse de un negocio que pretende tener música. Hasta el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha dirigido al Ayuntamiento para instarle a que resuelva a la mayor brevedad posible los recursos de alzada que los vecinos interpusieron en 2013 contra la única licencia de obra otorgadas hasta ahora, que procede del proyecto anterior, luego no hay ninguna que ampare de momento la reforma actual. 

La rehabilitación del inmueble, como ya informó este periódico, está marcada por la polémica desde su inicio, ya que la Gerencia de Urbanismo llegó abrir expediente disciplinario al comprobar la realización de trabajos no amparados por licencia, siendo el arquitecto de la obra José Luis Vargas, fichaje estrella del entonces alcalde Zoido para su lista electoral de 2015. La licencia que existía era de la etapa anterior, cuando la obra de reforma para la apertura del Marca Sport Café. Vargas tenía presentado el correspondiente reformado, pero comenzó los trabajos de adecuación para el Hard Rock sin esperar al informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio, organismo dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta que tutela la conservación del conjunto histórico. Por esa razón, la Gerencia decidió ordenar la "inmediata paralización" de la obra. Los promotores del proyecto han presentado sucesivos reformados, que los vecinos denunciantes ven como maniobras para ir "parcheando" y sorteando la obligación de darles audiencia. 

Entre los tres arquitectos consultados por los vecinos figura Rafael Manzano, catedrático emérito de Historia del Arte y académico, que ha emitido un informe que demuestra que las fincas de los números 3 y 5 de la calle San Fernando están conectadas desde un punto de vista estructural: "Creo que no es autorizable, a la luz de la legislación vigente, la actividad prevista en la licencia pedida por la propiedad o usuarios del edificio del número 3". El propio Manzano apunta que, "casualmente", la ordenanza reguladora cambió a finales de 2014. La anterior calificaba como "no permitida" la actividad de "bar con música y karaoke" en estas condiciones. "La nueva norma sí la permite, pero condicionada a que lo sea siempre y cuando el local está situado con parcela catastral distinta al colindante de uso de vivienda y existan sistemas estructurales distintos en ambas parcelas y no se ubique en una zona acústicamente saturada". Y Manzano es tajante: "Hemos comprobado en este caso que el sistema estructural de los dos edificios colindantes es mancomunado y unitario". También advierte de las obras de reforma que se han ejecutado hasta ahora: "Alteran gravemente elementos de carácter artístico-patrimonial, como el patio dieciochesco con alteraciones decimonónicas". Alerta de que se están reconstruyendo forjados con envigados metálicos de gran sección en previsiones de posibles cargas móviles que hacen sospechas su uso para bailes". 

El arquitecto Miguel Díaz Zulategui ha examinado también el proyecto de rehabilitación. Considera igualmente que la casa del número 3 comparte estructuras con la de los números 1 y 5, por lo que, de acuerdo con la ordenanza de ruidos vigente, "no reúne las condiciones necesarias para el desarrollo de determinadas actividades", entre las que enumera en su dictamen: actividades de hostelería con música y bar con música y karaoke. Díaz Zulategui precisa que el nuevo negocio "no puede tener música ni en directo ni en equipos de reproducción sonora". 

La arquitecta Carolina Bustamante Sainz, además de recordar que el edificio es del XVIII y está catalogado, realiza un minucioso análisis del proyecto de adecuación para cambio de uso comercial a terciario. Concluye que la fachada y la primera crujía, entre otros elementos, deben ser protegidos y no pueden ser seccionados verticalmente con la intención de separar las estructuras con los edificios colindantes. Llama la atención que tras cuatro proyectos y varios cálculos estructurales, las patologías a que apuntan los promotores "hayan aparecido exclusivamente en los muros que comparten medianera con viviendas y que el resto esté en perfectas condiciones". Bustamante echa en falta documentación al respecto y, entretanto, califica de "invasiva con el sistema estructural" la solución tomada. Y refiere que no hay estudio ambiental y de ruidos para la ubicación de los aparatos de climatización y salida y extracción de humos: "Las edificaciones colindantes, de mayor altura, pueden verse afectadas". 

La licencia de obras está pendiente aún de la resolución de la Delegación Provincial de Cultura, que se basa el dictamen previo de la Comisión de Patrimonio. En la actualidad no existe licencia de obras que ampare el proyecto. La Dirección General de Medio Ambiente del Ayuntamiento emitió a final de junio una certificación ambiental condicionada a más de 15 requisitos que tienen que ver con medidas contra la contaminación acústica y de protección medioambiental (ruidos, aislamientos, humos, puertas, etcétera) que han de cumplirse para que esa certificación sea definitiva. El director general de Medio Ambiente, Adolfo Fernández, se ha reunido con los promotores y vecinos para abordar esta cuestión. Si el promotor cumple y tiene derecho, el Ayuntamiento entiende que no hay margen para la discrecionalidad; si no cumple las exigencias remitidas, tampoco cabe la certificación ambiental definitiva.