DIARIO DE SEVILLA / 14/6/2016

La Fiscalía de Huelva ha trasladado a los Juzgados de La Palma una denuncia por posibles delitos de daños en el patrimonio histórico y de prevaricación en relación a las obras iniciadas en octubre de 2014 de remodelación acometidas en el Palacio de Doñana, sede de la Reserva Biológica de Doñana y ubicado en pleno corazón de la reserva natural homónima sobre suelo no urbanizable de especial protección. 

En concreto, el fiscal del caso, Alfredo Flores, dirige esta denuncia contra nueve personas: arquitectos de la empresa constructora, personal del Ayuntamiento de Almonte, miembros de su Corporación y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

El inmueble, propiedad del Estado y datado en el siglo XVI-XVII, había sufrido reformas en 1972 y 1988 y tenía protección específica en el PGOU. En concreto goza de la protección de grado uno estructural incluido en el Catálogo Municipal de Bienes y Espacios protegidos, sin estar inscrito en el del Patrimonio Histórico Andaluz como BIC, siendo por ello su protección competencia y responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento de Almonte, en aquellas fechas gobernado por el PP. 

En 2014 el órgano de contratación de la Agencia Estatal del CSIC publicitó un procedimiento abierto para promover estas obras y la instalación de Infraestructura Científico Técnica Singular, cofinanciado con fondos Feder y con un presupuesto de 1,5 millones de euros, adjudicándolas finalmente a una empresa por algo más de un millón. 

Según reza en la denuncia del Ministerio Fiscal, éste entiende que los informes técnicos realizados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva a finales de 2015 "ponen de manifiesto la ilegalidad de al menos parte de las obras ejecutadas en atención a la protección del inmueble afectado y al alcance y naturaleza de aquellas". 

Las obras proyectadas por la empresa encargada, en concreto por uno de sus arquitectos, y ejecutadas por otra compañía, pretendían una transformación integral de parte del Palacio con el fin de mejorar su habitabilidad para investigadores y visitas institucionales y conseguir así "un edificio innovador y sostenible con el entorno". 

Así se proyectó desde el primer momento, y con la justificación de su mal estado de conservación, un vaciado integral de las plantas baja y primera con una remodelación total de espacios, demoliciones generales, sustitución de carpinterías de madera originales y tradicionales por otras de PVC, supresión de muros y construcción de nuevos tabiques, cierre de puertas y sustitución de ventanas exteriores por puertas de nuevo acceso a las habitaciones de los investigadores en el ala sur, nuevos baños individuales y armarios en las habitaciones de los científicos, nuevas instalaciones de aire acondicionado, entre otras. 

Sin embargo, en base a dicha protección, las únicas obras posibles eran y son las de conservación y mantenimiento del edificio sin alterar sus acabados ni materiales, previo informe favorable de la oficina técnica municipal, y sin ser preceptivos informes previos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para autorizar dichas obras. 

Pues bien, según remarca el fiscal, para ejecutar las obras se presentó el 25 de febrero de 2015, por el CSIC y la empresa encargada de ejecutarlas, un primer proyecto básico y de ejecución que "no respetaba dicha protección y excedía notoriamente de su conservación y mantenimiento". 

El fiscal motiva esta denuncia al considerar que entre el primer y el segundo proyecto, en fecha indeterminada y sin licencia en vigor, se iniciaron las obras, y el Ayuntamiento, tras recibir denuncia de un particular el 2 de mayo de ese año, abrió un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística, en el que, con estos últimos informes, se hizo constar que las obras "se habían iniciado sin licencia y eran incompatibles con la legalidad y no legalizables", ordenándose la paralización de las mismas. No obstante, pocos días después se archivaba. Por estos hechos, el fiscal solicita la declaración de denunciados y testigos.