ABC SEVILLA / 11/2/2018

J.J. BORRERO

Los intereses económicos y comerciales, la igualdad de las partes en los procesos judiciales, la seguridad pública, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control o el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial son solo algunos de los argumentos esgrimidos por el Portal de la Transparencia, dependiente de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, para rechazar solicitudes de información elevadas a la Junta de Andalucía.

La negativa de la Junta a ofrecer datos oficiales obliga a los solicitantes de esa información a reclamar ante el Consejo de la Transparencia que, como autoridad independiente, obligó en un 60 por ciento de los casos a la Administración autonómica a ofrecer la información requerida, informaron fuentes del Consejo.

La protección de datos, entre otros motivos, fue uno de los argumentos que utilizó el Portal de Transparencia dependiente de la administración autonómica para negar a ABC información acerca del pago por parte de la Junta de Andalucía de los honorarios de los abogados que defienden a los ex altos cargos de la Junta en el caso ERE. A pesar de tratarse de una información de interés público, el ente que debe velar por la transparencia de la Administración inadmitió la solicitud de información y relevó por tanto el derecho a la información bajo excusas como que «el acceso a documentos de un procedimiento en curso se limita «a quienes tengan la condición de interesados», o la protección de la defensa jurídica efectiva y la igualdad de las partes en el proceso judicial. El hecho de que los andaluces conozcan cuánto se gastará de las arcas públicas en la defensa de los procesos en el mayor caso de corrupción que se está juzgando en Andalucía, «puede afectar a la estrategia de defensa de las personas acusadas», estima la resolución firmada por el viceconsejero de Presidencia, Fernando López Gil.

Tantas barreras para el conocimiento público de la información requerida no han convencido a ningún grupo de la oposición en el Parlamento de Andalucía que, como informó ABC, han exigido al Gobierno andaluz que aclare si ha pagado, paga o va a pagar la defensa de los exaltos cargos acusados en los ERE.

No es la única información sensible que evita ofrecer el Portal de la Transparencia cuando adopta funciones de parapeto a difundir información sensible. Entre los asuntos más curiosos sobre los que se ha negado a informar, destaca la petición realizada en junio de 2017 en la que se interesaba conocer los nombres de los componentes de la Comisión Central para la Optimización y Armonización Farmacoterapéutica. La solicitud fue denegada a instancias de la Subdirección de Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud, que calificó la información de «interna».

El Portal no facilita datos de los integrantes de la Comisión pública sobre farmacoterapia
Esta comisión, creada en 2015, estudia «la más adecuada, eficiente y homogénea selección y utilización de los medicamentos en el ámbito de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía», es por tanto un ente de carácter público cuyas decisiones tienen especial relevancia en asuntos como la polémica subasta de medicamentos, un tema espinoso para la Consejería de Salud en el que está insistiendo ultimamente la plataforma que lidera Jesús Candel, «Spiriman», y que ha anunciado medidas judiciales contra los directivos del SAS. La Junta no quiere difundir quienes componen esta comisión.

En sus explicaciones al solicitante, la directora general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud expresa que «debido a la trascendencia y confidencialidad de la información que manejan los miembros de la Comisión...» prevalecen sobre la transparencia en su vertiente de acceso a la información los intereses generales, ya que «no estarían garantizados, si no preservamos la identidad de los miembros de la Comisión y protegemos especialmente la imparcialidad y objetivos de sus decisiones».

Extraña que al tratarse de una comisión pública la identidad de sus miembros sea privada, cuando otros comités similares de ámbito sanitario como el del Centro Andaluz de Documentación e Información del Medicamento si lo hacen públicos.

Seguridad pública
En otros casos, la Administración recurre al argumento de la seguridad pública para denegar la información requerida. Así rechaza ofrecer datos sobre los documentos que componen el proyecto técnico de la línea 1 del Metro de Sevilla.

La seguridad pública también es el motivo por el que la Consejería de Medio Ambiente deniega informar sobre el proyecto de construcción y ejecución definitivo del Complejo Radioelectrico promovido en Turrillas (Almería), al «colisionar con los requisitos de seguridad establecidos por las instalaciones de Navegación Aérea en el Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil».

En relación a proyectos de obra pública, adjudicaciones y relaciones comerciales, el motivo de rechazo suele ser secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

En otros casos, el motivo de denegación total o parcial es de tipo técnico, sencillamente la Admninistración no dispone de un método automático para recabar la información requerida

Intereses económicos
También pesan «los intereses económicos y comerciales». Con ese motivo se despachó una solicitud sobre el Pliego de Condiciones de venta y arrendamiento «sale and leaseback», la polémica operación por la que en 2014 la Consejería de Hacienda procedió a la venta y posterior arrendamiento de 70 inmuebles por 300 millones de euros a la gestora de fondos W.P. Carey Inc. a través de su filial en España Inversiones Holmes.

Desde la Consejería de Hacienda se trasladó al referido fondo adjudicatario la posibilidad de alegar a la referida petición de información pública, respondiendo la concesionaria que esa información «podría comprometer su situación en el mercado en que opera, quedando en clara desventaja competitiva frente a sus competidores y contrapartes; así como en sus futuras negociaciones con cualquier Administración Pública». El Portal de la Transparencia con ese argumento, denegó el acceso a la información al solicitante, que recurrió la decisión administrativa ante el Consejo de la Transparencia, ente independiente que estimó la reclamación y obligó al Gobierno de la Junta de Andalucía a facilitar la referida información, algo que ocurre en un 60 por ciento de las reclamaciones contra acuerdos del Portal de la Junta de Andalucía.